Menores Extranjeros No Acompañados

Bien, con este título quiero hablar sobre los MENAS, explicar un poco el perfil de estos menores, lo que los rodea, y la legislación en torno a ellos, que es lo que nos interesa.

Con esta palabreja denominamos a ese colectivo de menores y jóvenes inmigrantes sin acompañamiento familiar que se encuentran en situación de riesgo o vulnerabilidad. Actualmente a España llegan menores del continente africano, predominando los marroquíes, Rumanía, Latino América... Muchos de ellos llegan con once, doce o trece años a España. Varones en su mayoría aunque se empiezan a ver niñas inmigrantes.

Al igual que el resto de inmigrantes sin autorización, llegan a España de cualquier modo, de maneras sumamente peligrosas, como puede ser debajo de los ejes de un camión. Su motivación no es otra que esa falsa creencia de que aquí encontrarán un trabajo para poder enviar el dinero a sus familias. Este fenómeno migratorio de menores que emigran solos ha ganado intensidad en las últimas décadas, tanto en Europa como en EEUU, aunque por ejemplo, en España, han descendido ligeramente debido a la situación de crisis en la que nos encontramos.

Las familias de estos menores residen en su país de origen. Son por norma general familias extensas, formadas por los padres, hermanos, sus tíos, abuelos... El menor que emigra del país suele ser el primer varón de la familia.

La situación económica de estas familias, como cabe esperar, es de precariedad y miseria. Dos generaciones suelen compartir una misma casa, con muchas limitaciones de recursos y un cabeza de familia que desempeña una ocupación inestable y escasamente remunerada. En algunos casos, el progenitor ha fallecido y dejado a la familia en peor situación económica, si cabe. 

Esta situación económica tiene gran peso e incidencia en la situación escolar de los adolescentes. La mayoría no terminan los estudios básicos, hay gran porcentaje de fracaso escolar, o incluso existe un miedo al profesor, por lo que no asisten a las escuelas. Bajo esta situación de miseria, como ya comenté en otra entrada, muchos se ven forzados a compaginar escuela trabajo o dejar esta para trabajar. Para profundizar más en el tema de explotación infantil, aquí una entrada anterior en la que hablo sobre ello.

Pasemos ya por fin a la parte de legislación. Procuraré usar los menos tecnicismos posibles, ya que no soy jurista, y así hacer la lectura menos pesada.

Cuando estos menores llegan a España y son descubiertos, antes de aplicárseles la ley de extranjería se les aplica la ley de protección del menor, que prevalece ante esta. Dicho Ordenamiento Jurídico de Protección del Menor, debe ser cumplido por todas las partes implicadas.

La legislación española considera que los menores, ya sean extranjeros o autóctonos, que no tengan quién se haga cargo de ellos se encuentran en situación de riesgo y vulnerabilidad y es la Administración la que debe hacerse cargo de ellos y de su tutela. En la actualidad son las comunidades autónomas las que asumen estas responsabilidades.

Estos menores, pasan su menoría de edad en centros de menores, pero al llegar su mayoría de edad se encuentran en una situación bastante irregular y sin mucho a dónde acogerse.

Es obligación de la Administración hacer los trámites pertinentes para que el menor, cuando alcance la mayoría de edad tenga toda la documentación en regla, pero esto en muchos sitios no se está llevando a cabo. Al salir de estos centros tutelados, sin los papeles les resulta imposible conseguir un contrato de trabajo que les permitiera renovar la residencia, quedándoles como única vía la vía del arraigo.

Pese a tener un plazo la Administración de 9 meses para renovar dicha documentación, la experiencia muestra una negligencia administrativa. Por poner algún ejemplo, en Cataluña no se comienza a tramitar hasta ya pasados los 9 meses, de manera que esos 9 meses si no más aparecerían en su dosier de antigüedad como si no hubiera estado en España, como si no hubiera existido. En el caso de Melilla, a los menores que están a punto de alcanzar la mayoría de edad se les piden documentos que son prácticamente imposibles conseguir e incluso, hasta finales del año pasado, la Administración les retenía la documentación incluso cuando no estaban en los centros de tutela, exponiéndolos a ser detenidos y expulsados.

Como se aprecia en estos dos casos, no hay una unidad en la legislación, cada Comunidad Autónoma actúa de una manera diferente a la anterior. Por ello, se hace necesario una unificación sobre esta materia, de modo que la permanencia de las personas inmigrantes no dependa de las Comunidades, si no del poder Central, que a su vez, realizara un control sobre estas para asegurar el perfecto cumplimiento de la ley. Solo así se podrán evitar esas injusticias y desigualdades que en otras Comunidades no ocurren.

La ley de Extranjería constantemente está cambiando, el año pasado se reformó y este año se volverá a reformar, para endurecerla. También la reforma de la figura del arraigo, que pondrá más trabas a los inmigrantes que deseen residir en España.

Nadie duda que España está pasando unos momentos muy duros debido a esta crisis que nos acompaña, pero no por ello, podemos endurecer tanto la Ley de Extranjería, no es el mecanismo para evitar las migraciones de personas sin papeles, y lo que conseguirá es, como se puede deducir de lo anteriormente mencionado, el aumento de personas sin documentación en nuestro país.

"Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad"

Menninger, Karl A.